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Turquía: La democracia del gas lacrimógeno


Por Témoris Grecko (publicado en Proceso, 9 de junio de 2013)

A las nueve y media de la noche del jueves 30 de mayo, pocas horas antes de que la policía turca lanzara el ataque en Estambul que provocó una gran ola de protestas, un joven turco de origen kurdo fue secuestrado violentamente lejos de allí, en Atenas, la capital griega. Dos días más tarde, el sábado 1, su familia dio a conocer que Bulut Yayla, un activista opositor de 24 años, había aparecido en un cuartel de la Unidad Antiterrorista en Estambul.

En lugar de protestar por el rapto y la repatriación ilegal de un ciudadano extranjero, el gobierno griego negó tener registros de la entrada y permanencia de Yayla en el país, a pesar de que tres semanas atrás había formalizado una petición de asilo político, tras haber sido torturado en su propio país, según el Consejo Griego para los Refugiados. Esta organización también envió una petición urgente a la Corte Europea de Derechos Humanos para evitar que las autoridades griegas concedieran la extradición de Yayla a Turquía.

“Las placas del automóvil privado que se usó para la abducción fueron anotadas por los testigos del hecho y corresponden a un vehículo de la policía griega”, explica la abogada Eleni Spathana, del Grupo de Abogados por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados (GADIR). Cuando sus parientes lograron hablar con él, Yayla les explicó que varios hombres que hablaban griego lo capturaron con violencia y lo encapucharon para después entregarlo a otras personas, también greco-parlantes, que lo hicieron pasar por debajo de una cerca metálica en lo que él supone que era la frontera, donde lo recogieron individuos que se comunicaban en turco y en inglés, y que finalmente lo llevaron al cuartel en Estambul.

El domingo 2 de junio, mientras las manifestaciones de protesta por la represión se extendían por toda Turquía, fue fácil que pasara desapercibido el comunicado de GADIR que denunciaba los “acuerdos internacionales secretos que conducen a la persecución sistemática de los refugiados turcos”, pues el de Yayla es sólo el último de numerosos casos de colaboración entre las autoridades griegas y turcas para echarles el guante a personas acosadas por sus posturas políticas, especialmente activistas de izquierda o pertenecientes a organizaciones kurdas.

“Fascismo de Estado”, lo describió el grupo de abogados, pues los gobiernos de Turquía y Grecia “usan fuerza brutal y violencia arbitraria, como si el orden legal y los humanos como sujetos de la ley fueran inexistentes”.

Se referían, sin embargo, a Grecia, un Estado miembro de la Unión Europea –una entidad supranacional que se somete a su Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales—, y a Turquía, un Estado que además de estar en negociaciones para unirse a la UE, es presentado por los países occidentales como modelo de democracia para las naciones musulmanas, especialmente a partir de las insurrecciones de 2011. El 20 de enero de 2012, el presidente estadounidense, Barack Obama, le dijo al periodista Fareed Zakaria, de la revista Time, que uno de los cinco líderes mundiales que consideraba sus amigos era el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan.

GAZMAN

Para los cientos de miles de manifestantes que han tomado las calles de las ciudades turcas, en cambio, Erdoğan personaliza su indignación. En las paredes, pintan letreros que rezan “Erdoğan dimisión”. Lo culpan directamente de haber desatado una represión injustificada y excesiva contra un pequeño grupo de jóvenes pacíficos que habían acampado en el parque Gezi, al lado de la céntrica plaza de Taksim, foco principal de la vida en Estambul, para oponerse al proyecto municipal de destruir la zona verde para construir un centro comercial. Se quejaban de que la decisión de llevar a cabo el plan se había tomado con apresuramiento, sin consultar con los ciudadanos si estaban de acuerdo en desaparecer uno de los escasos jardines públicos que hay en la urbe, y pedían ser recibidos por el alcalde para presentar sus objeciones.

A las 5.30 de la mañana del viernes 31 de mayo, mientras el secuestrado Yayla era ingresado ilegalmente en el país, los grupos antimotines atacaron sin previo aviso a los muchachos que dormían en tiendas de campaña. Los videos captados por teléfonos móviles llevaron velozmente a todo el país escenas de brutalidad innecesaria y de un uso excesivo de gas lacrimógeno, en cantidades que este colaborador de Proceso no había visto ni siquiera en actos represivos de fuerzas israelíes, egipcias o iraníes. Se difundieron imágenes de jóvenes inmersos en densas nubes de humo, algunos de ellos derribados y en convulsiones, y de pelotones policiacos arrojando latas de gas por docenas. “Este gobierno no ama a la gente pero ama el gas lacrimógeno”, declaró el político opositor Umut Oran en su blog. “Desde ahora, el nombre del primer ministro es ‘Gazman’” (hombre del gas).

Una fotografía encapsuló lo que estaba ocurriendo: una joven con un vestido rojo de verano y un bolso blanco colgando de su hombro, con la actitud pacífica de quien pasea en un parque –el parque Gezi—, está empezando a recibir una descarga de gas pimienta que le arroja un policía directamente a la cara, con tanta fuerza que su cabello se levanta como el de quien está frente a un ventilador.

La chica de rojo se ha convertido en el símbolo del descontento y otra gráfica, captada esa misma tarde, en el de la reacción popular: los puentes que unen Europa con Asia aparecen repletos de gente que marchaba en protesta por la violencia gubernamental. Según datos de los activistas, se realizaron manifestaciones en 67 provincias, incluidas las más grandes ciudades como la capital, Ankara, e Izmir.

GAS NARANJA

El lunes 3 de junio, el saldo de los enfrentamientos era de tres muertos, 1,500 heridos y unos 1,700 detenidos, según cálculos de la oposición. Ese mismo día, el secretario de Estado del presidente Obama, John Kerry, expresó la “profunda preocupación” de Estados Unidos por “el uso excesivo de la fuerza por la policía”, le pidió “contención” al gobierno y que las partes “eviten provocaciones y violencia”.

Washington tardó en darse cuenta, sin embargo, de que los actos desproporcionados de represión son cotidianos para las fuerzas de seguridad del país que, después de Israel, es su más importante aliado en Medio Oriente.

El gobierno ha prohibido, por ejemplo, las celebraciones del Día del Trabajo. El primero de mayo, cuando miles de sindicalistas turcos desafiaron las restricciones, la policía empleó contra ellos 14 toneladas de gas lacrimógeno mezclado con agua, y miles de latas de gas se amontonaron en las calles, según el diario Zaman. Por lo menos 16 personas fueron hospitalizadas por los efectos de los químicos.

Ése fue un mes en el que el olor del gas lacrimógeno no dejó de sentirse en numerosos lugares del país, como en Bursa, donde el 7 de mayo fue empleado para disolver un pleito entre un árbitro y jugadores de futbol de 14 años; en Estambul, el día 11, donde se produjeron protestas de los hinchas del equipo Beşiktaş por la inminente demolición de un estadio; y en esta misma ciudad, el 15 de mayo, cuando un pequeño grupo de estudiantes trató de manifestarse contra la política de su gobierno en Siria.

La afición de la policía turca al gas lacrimógeno es tal que, para facilitar la identificación de quienes habían participado en las manifestaciones por el parque Gezi, al gas le fue añadido una tintura de color naranja que creó pánico cuando se esparció el rumor de que se trataba del químico conocido como “agente naranja”, famoso por las deformaciones congénitas que les causó a miles de niños tras su uso por el ejército estadounidense en Vietnam.

PERSECUCIÓN

La represión de actos públicos y la persecución de opositores en el extranjero no son, sin embargo, los únicos actos por los que se cuestiona al primer ministro Erdoğan.

El 5 de septiembre de 2012, demandó que el poder judicial investigara a miembros del Partido de la Paz y la Democracia (BDP, una organización kurda que rechaza la violencia) y les pidió a sus correligionarios del oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) que despojaran del fuero parlamentario a 10 diputados del BDP, con base en leyes que impiden la libertad de expresión al castigar con cárcel expresiones políticas de disidencia, descritas como “daños a la nación”. Actualmente, legisladores de los tres mayores partidos de la oposición están recluidos: cinco del BDP, dos del Partido Popular Republicano (CHP) y uno del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP).

En 2009, con el fin de forzar a la organización guerrillera Partido de los Trabajadores del Kurdistán a aceptar un acuerdo de paz, lanzó una operación masiva contra miembros de base del BDP, que actualmente tiene a 8 mil de sus activistas en prisión, incluidos funcionarios municipales electos. En respuesta, varios dirigentes del BDP y cientos de kurdos encarcelados realizaron una huelga de hambre que duró 68 días, exigiendo que se reconociera el derecho de los prisioneros kurdos a defenderse en su lengua materna (y no en turco).

A pesar de que al primer ministro se le atribuye el desmantelamiento de la red de poder del ejército, que mediante golpes de Estado determinaba el curso político de la nación, su imagen positiva se ha ido erosionando hasta casi desaparecer. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Periodistas han señalado a Turquía como el país con el mayor número de reporteros detenidos, además de mencionar que reconocidos informadores han sido despedidos por intervención personal del jefe de gobierno.

El periodista Rozh Ahmad, por ejemplo, pasó 11 meses y 13 días en prisión. El 1 de octubre de 2011, estaba cubriendo las campañas electorales en la ciudad de Mersin cuando fue arrestado en la calle, sin explicaciones. Lo reunieron con otros 41 detenidos y a todos los acusaron de pertenecer a organizaciones ilegales kurdas: “Yo era el único periodista. Los otros eran activistas de la sociedad civil, miembros del BDP e individuos que no tenían nada qué ver con política”, explica Rozh. “Nos sometieron a juicio pero, a pesar de que los jueces no nos sentenciaron, nos llevaron a prisión. Así es que pasé casi un año tras las rejas sólo por ser periodista”.

DEMÓCRATA

“Había ido a un centro comercial en el centro (de la capital, Ankara) con tres amigas”, cuenta Nur, una empleada de tienda de 26 años, detenida el domingo 2 de junio. “La policía arrojó gas lacrimógeno dentro del edificio, los antimotines atacaron a la gente, nos golpearon y nos forzaron a bajar a la planta baja”.

Hicieron que todos se arrodillaran entre insultos. “Un policía nos preguntó: ‘¿A cuál de ustedes se le antoja complacerme?’”, continúa Nur. “Luego nos patearon, nos esposaron y nos subieron a un autobús para llevarnos a un centro de detención. Éramos como 300 personas”. Ahí les dijeron que eran “terroristas”, que sus padres no las habían “educado apropiadamente”, y fueron “aconsejadas por falsos abogados que convencieron a algunas de firmar papeles con declaraciones fabricadas. A quienes no quisimos hacerlo, nos maltrataron. A mí me golpearon ocho policías hombres. Apenas podía caminar. Vi gente con manos y dedos rotos por los policías. Yo y mis amigas vimos golpizas y torturas”.

Tras 30 horas de detención, sin ver jamás a un juez, Nur (el nombre es falso por seguridad) fue liberada gracias a los “abogados verdaderos” de la Barra de Abogados de Ankara. Su declaración, sin embargo, fue limitada, ya que “recibimos amenazas explícitas… así son las cosas bajo Erdoğan, el que los estadounidenses y los europeos tanto admiran… el demócrata Erdoğan”.

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