La legislación española sobre hipotecas y desahucios tiene un siglo de antigüedad y es una de las más brutales de Europa. Con esas normas de inspiración decimonónica se ha montado una cascada de injusticia social difícil de imaginar en una economía que todavía se considera desarrollada y en una sociedad que había abrazado los principios de solidaridad de la Europa de la posguerra. Cientos de miles de familias han sido arrojadas a la calle y muchas personas se han visto empujadas al suicidio. El escándalo es tal que los dos grandes partidos que se han turnado el gobierno en España, y que jamás se habían preocupado por cambiar estas leyes, ahora corren a buscar reformas y medidas para paliar las cosas. Paliar, meramente. Paliar porque otras preocupaciones pesan en sus mentes. Dice hoy El (menguante) País: “el Ejecutivo, y en especial el Ministerio de Economía, quiere actuar con muchísima cautela. El riesgo de que la valoración de los bancos españoles se hunda o incluso la prima de riesgo se dispare —este lunes estaba en 450, aunque por otros motivos— con una reforma radical de la legislación de desahucios es real, señalan fuentes del Ejecutivo. El temor de Economía es que se generalicen los impagos.” Tienen razón. Bajo legislaciones menos bestias, la gente normalmente trata de evitar los impagos porque sabe que le quitarán la propiedad. La de España, que mantiene a las personas esclavizadas a la deuda aún después de que les han quitado la casa o bien raíz hipotecado, es tan cavernaria que un aligeramiento probablemente generará un efecto de percepción en el sentido de que las consecuencias del impago no son tan temibles, y habrá más deudores dispuestos a asumirlas. Y como los mercados y las agencias calificadoras son cualquier cosa excepto humanos, seguramente valorarán el impacto financiero (una legislación menos brutal hará más difícil que los bancos cobren) en lugar del impacto social (se alejaría unos milímetros el peligro de un estallido). Todo lo cual es una nueva evidencia de que la credibilidad y la estabilidad de los bancos y la economía española descansan en la brutalidad, en mantener a los clientes sometidos a un régimen de terror que amenaza por arrojarlos por las ventanas y los balcones. El temor de la Presidencia, del Ministerio de Economía y de los ejecutivos de los bancos –que siguen ganando en crecientes cantidades millonarias– es que aflojar un poquito la mano que estrangula a España les provoque un calambrón en el brazo.


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