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El Cairo patea el pesebre


Por Témoris Grecko (publicado en Proceso 12-feb-2012)

El puntal de la política estadounidense en Medio Oriente es la multimillonaria ayuda anual que Washington entrega a dos países clave, Israel y Egipto. Se trata del cemento de los acuerdos de Camp David de 1977, gracias a los cuales Israel devolvió el territorio ocupado de Sinaí a Egipto y éste se comprometió a garantizar la seguridad del primero (lo que abrió para Israel una época inédita de paz y crecimiento económico): el compromiso de Estados Unidos de financiar a los ejércitos de ambas naciones, sobre la base de que por cada dos dólares que les diera a los egipcios, les entregaría tres a los israelíes, selló el pacto. Esto se traduce en transferencias anuales de 2 mil millones de dólares para Tel Aviv y mil 300 millones para El Cairo.

Estos últimos están en peligro y, con ellos, el diseño estratégico para la región. A lo largo del año que ha ejercido el poder en Egipto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha realizado malabarismos para reflejar en lo posible el sentir de su pueblo, contrario a Israel, sin perjudicar al mismo tiempo sus compromisos con este país y su condición de principal aliado de Washington en el mundo árabe.

Lo ha conseguido incluso en situaciones de crisis, como la desatada cuando tropas israelíes mataron a seis militares egipcios, durante la persecución transfronteriza de un grupo palestino que realizó un ataque dentro de Israel. El Cairo vivió entonces violentas manifestaciones de protesta que culminaron con la invasión a la embajada israelí, el 9 de septiembre, y el retiro de su personal diplomático.

La exitosa mediación egipcia en un acuerdo entre Israel y los islamistas palestinos de Hamás, gracias al cual salieron libres el recluta israelí Gilad Shalit y 1027 presos palestinos, el 18 de octubre, creó un clima de reconciliación entre El Cairo y Tel Aviv que a su vez llevó a la liberación del israelí Ilán Grapel y de 25 prisioneros egipcios. Fortalecido, el CSFA pudo presentar favorablemente el mejoramiento de las relaciones con Tel Aviv.

Ahora, de manera aparentemente innecesaria, Egipto ha provocado a Estados Unidos, que reaccionó con la amenaza (que reafirmó la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el martes 7) de suspender la entrega de la ayuda militar.

El problema estalló el 21 de enero, cuando las autoridades le impidieron salir de Egipto a Sam LaHood, director del Instituto Republicano Internacional (IRI, organismo dependiente del Partido Republicano) para ese país e hijo del secretario de Transportes de EU, Ray LaHood. Ya a finales de 2011, la policía había registrado las sedes del IRI y otras ONG con vínculos extranjeros, por la sospecha de que contribuían a financiar las protestas antigubernamentales. El 29 de enero, LaHood y cinco compatriotas se refugiaron en su embajada en El Cairo.

El lunes 6 de febrero, dos jueces egipcios formalizaron el procesamiento judicial de 44 personas (19 de ellas estadounidenses, más otras de nacionalidades alemana, noruega, serbia, palestina, jordana y egipcia) que trabajan en el IRI, el Instituto Democrático Nacional (IDN, del Partido Demócrata), Freedom House (ONG que evalúa las libertades en el mundo desde una perspectiva estadounidense), el Centro Internacional para Periodistas (promotor de la ética y el profesionalismo en medios de comunicación) y la Fundación Konrad Adenauer, del Partido Demócrata Cristiano de Alemania, entre otros.

“Dicen que estamos financiando a los manifestantes y partidos políticos, lo cual es totalmente falso”, dice a Proceso Leslie Campbell, directora del IDN para Medio Oriente. Lo que quieren las autoridades, asegura, es “básicamente tener la capacidad de vetar el destino del dinero para proyectos de apoyo”.

Por medio de programas de estas instituciones, periodistas, blogueros y activistas de grupos como el Movimiento 6 de Abril (protagonista de la revolución) han recibido cursos de capacitación profesional y han participado en conferencias en Europa y Estados Unidos.

El fundamento de la ofensiva judicial son las investigaciones todavía inconclusas de Fayza Aboulnaga, ministra de Planeación y Cooperación Internacional y una de los dos miembros del gabinete que permanecen desde el último gobierno de Hosni Mubarak, quien asegura que estas actividades “erosionan la soberanía de Egipto”.

No es la opinión, sin embargo, de Emad Abdel Ghafour, presidente del partido salafista Al Nour (islamista radical), quien tomó cursos del IDN: “No creo que las cosas en las que participamos hayan roto la ley, como medir la opinión pública o monitorear los manifestos de los partidos”, dijo al diario Al Ahram. “No hay duda de que son una forma de enriquecer la vida política”.

En el CSFA parece haber confusión, pues o no se entiende bien lo que pasa o sus miembros no logran ponerse de acuerdo. La prohibición de la salida de LaHood ocurrió justo un día después de que Barack Obama y el mariscal Mohamed Husein Tantawi, jefe del CSFA, acordaran por teléfono que estas ONG debían tener libertad de acción.

“En tiempos de Mubarak se realizaban estos ataques contra la sociedad civil”, dice Gamal Eid, de la Red Árabe por la Información sobre Derechos Humanos. “Ahora es peor porque en la era post-Mubarak, los conduce una ministra de la era Mubarak”.

Entre las entidades egipcias receptoras de ayuda estadounidense, la primera es, precisamente, el ejército. Que ahora podría perderla.

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