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Egipto. Confusión preelectoral


Por Témoris Grecko / Ramala. Publicado en Proceso, 16-oct-2011.

Los egipcios se dirigen hacia el inicio de un largo y complicado proceso de elecciones legislativas, que empieza el 28 de noviembre y se extiende hasta marzo, enfrentando una etapa de confusión y desencuentros que resulta difícil de asumir para un pueblo que por casi 60 años no conoció algo así.

Para muchos egipcios, la masacre de manifestantes cristianos el domingo 9 de octubre, que dejó 26 muertos y 500 heridos, ha confirmado lo que ya era evidente: la represión y la manipulación informativa en el régimen de transición, que dirige el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), se diferencian en poco de las que existían antes del 11 de febrero, cuando los militares desplazaron del poder al expresidente Hosni Mubarak como respuesta a la revolución que empezó el 25 de enero.

Las víctimas eran parte de una protesta contra la discriminación religiosa que fue atacada por civiles que, se pensó al principio, serían salafistas, una secta extremista musulmana. Los testigos afirman, sin embargo, que su apariencia era distinta (no ostentaban las barbas largas y la vestimenta típicas de este grupo) y recordaban más a los policías en ropas de civil que Mubarak usó contra los revolucionarios en enero y febrero.

La intervención de los soldados no pretendió apaciguar las cosas, pues se sumaron a la ofensiva y dispararon contra los cristianos desarmados. Un video en YouTube muestra a un carro blindado que invade la acera a toda visibilidad y atropella a varios manifestantes. La televisión egipcia reaccionó, igualmente, como en tiempos de Mubarak: acusando a la oposición de haber atacado a las tropas. Los canales extranjeros que transmiten en árabe, como Al Jazeera, fueron silenciados.

“Instigar caos y enfrentamiento religioso para demostrar que sin el ejército sólo habrá más caos, es el truco más viejo y vicioso de los regímenes autoritarios”, una joven activista egipcia que prefiere reservar su nombre.

CALENDARIO

En una país donde faltan las certidumbres de antaño, una de las que sí existen es que la junta militar que desplazó a Mubarak y tomó la conducción del país se quedará en el poder por mucho más tiempo de los seis meses que había prometido inicialmente: el 11 de noviembre cumplirá ocho meses a cargo y según sus nuevos compromisos, no entregará el mando hasta abril de 2013, por lo menos, con lo que superará los dos años de gobernar por decreto.

El hecho de que el CSFA haya difundido un plan de desarrollo político para el país y devolución del poder es un avance, en sí. Los partidos lo exigían, lo mismo que el pueblo en la calle, en sucesivas manifestaciones  que han congregado a decenas de miles de personas en distintas ciudades, bajo el lema “recuperemos la revolución”. El calendario de la junta militar establece la celebración de comicios para la cámara baja del parlamento en tres etapas: los distritos se han agrupado en un triada de bloques y cada uno realizará primera y segunda vueltas en distintas fechas, comenzando el día 28 de noviembre y terminando el 5 de enero.

Los integrantes del Senado serán electos también en dos rondas, en enero, y culminado el proceso, los nuevos legisladores instalarán en marzo un congreso constituyente que tendrá seis meses para elaborar una carta magna, que deberá ser aprobada en referendo, probablemente en octubre de 2012. Si todo ha salido bien hasta aquí, las elecciones presidenciales se realizarán dos meses después. En total, Egipto verá 10 elecciones en el plazo de un año, sólo para asuntos nacionales. No se ha dicho nada sobre formas y fechas para elegir autoridades locales.

ACUERDO

Muchos críticos admiten que la idea de renovar legislativo y ejecutivo en sólo seis meses era excesivamente apresurada, tanto por las dificultades logísticas como porque, en este pueblo que apenas tuvo oportunidad de participar políticamente en tantas décadas, pocos sectores tendrían tiempo para organizarse en partidos con posibilidades reales de competir y la ventaja favorecería a los grupos con mayor experiencia, los islamistas Hermanos Musulmanes y los miembros del antiguo régimen que pertenecían al ahora disuelto Partido Nacional Democrático (PND).

Dos años en total, sin embargo, parecen demasiado. El jueves 6 de octubre, seis aspirantes presidenciales, los islamistas Salim al-Awa, Abdel Monseim Aboul Fotouh y Hazem Abu Ismail, y los seculares Amr Moussa (ex secretario general de la Liga Árabe), Hisham Bastawisi (un antiguo juez) y el izquierdista Hamdin Sabbahi, emitieron un comunicado conjunto en el que piden a la junta militar que acelere el proceso y que la elección presidencial se realice antes de que se elabore la constitución. (Mohamed El Baradei, ex director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, opina en cambio que “un presidente sin constitución se convertirá en un nuevo faraón”.)

La Coalición de la Juventud de la Revolución, una de las nuevas agrupaciones surgidas en Tahrir, propuso tres escenarios que permitirían una transferencia de poder en junio de 2012.

“El consejo militar no tiene interés en quedarse en el poder por mucho tiempo, si tuviera la oportunidad, se retiraría mañana” respondió de inmediato el líder del CSFA y jefe de Estado de facto, el mariscal de campo Mohamed Tantawi, para despejar las dudas de que fuera a ceder ante las presiones: “No abandonaremos a Egipto antes de terminar lo que dijimos que haríamos, pues nos hemos comprometido ante el pueblo”.

Los generales presentaron su proyecto en una reunión el sábado 1 de octubre con representantes de 13 partidos políticos, en la que además parecieron ceder en dos asuntos clave.

El primero es retirar una regla que reservaba la tercera parte de los asientos parlamentarios a “candidatos independientes”. Esto había provocado que 60 partidos amenazaran con no participar en las elecciones, pues denunciaban que era una forma de crear una poderosa fuerza legislativa formada por ex partidarios de Mubarak. Aunque el PND se disolvió, las estructuras de control político que forjó en su medio siglo en el poder siguen activas en las ciudades y en las regiones, y estos políticos “sin partido” tendrían ventaja al competir contra ciudadanos comunes.

El segundo es comprometerse a interrumpir la práctica de someter a los ciudadanos detenidos por motivos políticos (la oposición estima que han sido 10,000 en estos ocho meses) a juicios ante cortes militares, en donde tienen menos garantías y no hay posibilidad de apelación.

DESACUERDO

A cambio de este par de concesiones, los 13 partidos accedieron a firmar un documento en el que brindaron su “total apoyo” al CSFA. La noche de ese mismo sábado, no obstante, tuvieron que empezar a defenderse ante sus propias bases, porque el acuerdo que firmaron deja asuntos vitales en el aire (como la suspensión de la ley de emergencia que utilizó Mubarak desde 1981 para encarcelar disidentes y cerrar medios de comunicación, y que ya cumple 30 años; la junta militar respondió que seguirá vigente “mientras sea necesaria”) y otros, como suspender los juicios militares y excluir a los miembros del PND, quedan sujetos a la voluntad del CSFA de cumplir en la forma que le venga bien.

“No hay garantías de nada, sólo regalaron bocanadas de saliva”, dice a Proceso Isra Abul Fatah, un destacado activista de la revolución. “Podríamos seguir discutiendo el tema, pero ¿por qué firmaron?”

La historia de estos ocho meses de gobierno militar genera dudas en muchos egipcios. Abundan los casos de detenciones irregulares, acusaciones falsas, torturas y abusos sexuales cometidos por miembros de la fuerzas armadas. “Es increíble pero me sentía menos expuesta antes, cuando hacíamos la revolución contra Mubarak, que ahora cuando mandan los soldados que se autonombraron protectores de la revolución”, dice la joven activista. “Persiguen lo mismo a manifestantes que a reporteros. Llevo una semana encerrada”.

El miércoles 5, decenas de periodistas egipcios se manifestaron contra el creciente intervencionismo oficial en los medios. “Decidimos protestar después de que Ismael Etman, portavoz del consejo militar y jefe del comité de la moral, envió un fax a todos los editores de los periódicos pidiéndoles que no publiquen material relacionado con el ejército sin aprobación escrita de la inteligencia militar”, explica Husseini Abu Zeid, uno de los organizadores.

La organización Reporteros sin Fronteras ha denunciado la persecución contra periodistas y blogueros, destacando el caso de Maikel Nabid Sana, condenado a 3 años de cárcel por criticar al SCAF en su blog personal, y quien ahora se encuentra en huelga de hambre. Además, el 11 y el 29 de septiembre, la policía entró sin órdenes de cateo en las oficinas de la cadena Al Jazeera, incautó material e interrogó a los empleados.

“Estamos en esto por nuestro futuro y las promesas vacías de los militares no nos servirán de nada”, dice Hosam Kamel, administrador financieron en una consultoría. “Somos un país roto y necesitamos cambio ya, el momento de realizar elecciones es ya”.

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