La otra guerra


¿Se ha convertido la ciudad de México en una isla en el mar conservador que es el país? La reacción conservadora contra las reformas liberales en la capital de la república, como la despenalización del aborto y los matrimonios gays, ha invadido los estados de la federación con tintes grotescos, como las condenas de 29 años de prisión para mujeres con abortos no comprobados. En cambio, un gran capo del narcotráfico, Osiel Cárdenas Guillén, sólo recibió 25 años. Lee mi reportaje como apareció en Esquire Latinoamérica (diseño con fotos) México: La Otra Guerra o aquí abajo en texto: como

LA OTRA GUERRA

A doscientos años de la independencia de México, conservadores y liberales vuelven a enfrentarse. La Ciudad de México, ¿es una isla en medio de un mar conservador?

Por Témoris Grecko

El primer indicio que tuvieron Guy y Marina -—un médico francés de 32 años y una periodista estadounidense de 35-— de las peculiaridades sociales y políticas de la Ciudad de México fue una serie de fotografías del artista Spencer Tunick: en una de las imágenes, miles de cuerpos desnudos se desplegaban de manera organizada en el zócalo el corazón del país; en otra, los senos de una joven aparecían en primer plano, alrededor yacían otras personas y, al fondo, se levantaban los campanarios de la Catedral Metropolitana.

 

“Me extrañó que tantos mexicanos no tuvieran reparo en mostrarse así frente a la iglesia del arzobispo más importante del continente”, recuerda Marina. “Siempre se piensa en México como una nación de religiosos fervientes, la mayor reserva de almas católicas del mundo”.

 

Tunick ha fotografiado desnudos masivos en muchos lugares del mundo y su montaje mexicano, en mayo de 2007, fue el más concurrido de todos: con 18 mil voluntarios, no estuvo lejos de triplicar el de Barcelona, que contó con siete mil participantes.

 

Marina y Guy dieron por hecho, no obstante, que era una situación excepcional, justificada sólo como proyecto artístico, y supusieron que se trataría de los escasos 18 mil espíritus liberales de un país de más de 100 millones de habitantes conservadores.

 

“Nos sorprendimos mucho más hace un mes, cuando llegamos (de vacaciones) y nos dijeron que aquí se permite el aborto libre y gratuito, que hay eutanasia pasiva, que los homosexuales se casan y pueden adoptar”, dice Guy. “Nos preguntamos, ‘¿qué pasó en este país que de pronto saltó de la edad media al siglo XXI?’”

 

Un viaje por el Occidente los sacó del error: ese tipo de legislación sólo ha sido adoptado por el Distrito Federal (DF) y es combatido desde otras regiones del país. En el Estado de Jalisco leyeron que el arzobispo local se refería a los homosexuales como “maricones”. En el de Querétaro les dijeron que los diputados planean reformar la Constitución estatal para “blindar a la comunidad contra los jotos de la capital”. En la ciudad de Guanajuato se enteraron de que había mujeres condenadas a pasar casi tres décadas en la cárcel por supuestos abortos. Una mujer de San Miguel de Allende les recomendó no acercarse a la Ciudad de México porque ahí habitan “personas con almas malévolas” y es “una auténtica Gomorra y Sodoma, los que viven ahí serán castigados por dios”.

 

Marina lo compara con lo que ocurre en su país. “En Utah o Kansas hay gente que quiere que en las escuelas públicas se enseñe la Biblia en lugar de la teoría de la evolución. Lo que me parece muy interesante es que, a pesar de ello, la Ciudad de México parece ser más tolerante que California o Nueva York. Es una isla liberal en un mar conservador”.

 

Frente de rechazo

Un mar conservador y enfurecido, con olas altas que golpean repetidamente la playa pero que hasta ahora se han quedado lejos de convertirse en un tsunami devastador.

 

Los legisladores en el DF han cambiado las leyes en aspectos como el aborto (la reforma que lo despenalizó totalmente en las primeras 12 semanas de gestación fue aprobada el 24 de abril de 2007), las uniones civiles (creadas el 9 de noviembre de 2006) y el matrimonio entre personas del mismo sexo, con idénticos derechos que los heterosexuales (pasó el 21 de diciembre de 2009).

 

En respuesta, la Iglesia Católica se puso a la cabeza de un frente de rechazo que cuenta como principal ariete político al Partido Acción Nacional (PAN, del presidente Felipe Calderón), que incluye al Partido Verde Ecologista de México (PVEM, acusado de homofóbico y desconocido por el Partido Verde Europeo por apoyar la pena de muerte) y que incluso ha logrado obtener el apoyo en niveles locales del antiguo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI).

 

En marzo y abril de 2007, jerarcas religiosos, activistas sociales y empresarios ejercieron presiones contra los miembros de la Asamblea Legislativa del DF, para impedir la inminente despenalización del aborto. Además, hubo amenazas de muerte: jóvenes vestidos de negro, del grupo Guardia Nacional Mexicana, decretaron “pena de muerte a los promotores del genocidio de niños y niñas mexicanos” e hicieron una “declaración de guerra al terrorismo sembrado por judíos y masones contra la familia mexicana”.

 

El esfuerzo fracasó y los conservadores pasaron a otra etapa, bastante más efectiva: modificar las legislaciones estatales donde pudieron.

 

Con excepción del Estado de Chihuahua, todas las entidades del país reconocían el derecho a interrumpir el embarazo en casos como violación, peligro para la vida de la madre y malformación del feto. Desde 2007 y hasta ahora, PAN y PVEM, con el apoyo del PRI, han estado introduciendo reformas en las constituciones locales en 15 estados para garantizar “el derecho a la vida desde la concepción” (con Chihuahua, son 16). En Baja California y Morelos ahora se castiga el uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia y el de los dispositivos intrauterinos, ya que impiden que el óvulo fecundado (al que esos legisladores ya consideran un ser humano) se fije a la pared de la matriz, lo cual equiparan a un asesinato.

 

Guanajuato contraataca

En particular, las reformas liberales en Ciudad de México encuentran en el Estado de Guanajuato su antítesis. Durante la gestión del gobernador anterior (2000-06), el panista Juan Carlos Romero Hicks, católicos quemaron libros de texto oficiales en plazas públicas porque mostraban imágenes del sistema reproductivo humano y brindaban educación sexual y hubo campañas contra el uso del condón.

 

El hermano de Romero Hicks, Eduardo, se hizo famoso como alcalde de la ciudad de Guanajuato porque trató de establecer castigos para cualquier “ofensa” contra la moral pública, lo que —de haber tenido éxito— hubiera despojado de atractivo al tradicional Callejón del Beso. La actual directora del Instituto de la Mujer de Guanajuato, Luz María Ramírez Villalpando, considera que “las mujeres en el momento en que están siendo violadas segregan un líquido espermicida, que las protege del embarazo”, según informó el diario La Jornada. El ex gobernador y ex presidente Vicente Fox llamó a sus correligionarios del PAN a “guanajuatizar México”.

 

En ese Estado, una combinación de celo moralista y caos judicial llevó a condenar a ocho mujeres de bajos recursos a casi 30 años de prisión, en procesos defectuosos que las declararon culpables de “homicidio en razón de parentesco”. La difusión de estos casos generó un escándalo que llevó al gobernador actual, Juan Manuel Oliva, a maniobrar para liberarlas. Pero él evitó reconocer que se hubieran cometido errores o la inocencia de las víctimas: prefirió modificar las leyes para reducir sus condenas, en una suerte de embozada amnistía exprés.

 

“El gobierno quiso tapar el sol con un dedo”, resume Yolanda Martínez Montoya, del pueblo de Dolores Hidalgo y 26 años de edad, quien salió de la cárcel el 7 de septiembre, después de haber padecido en una celda durante seis años y ocho meses.

 

Condenadas por aborto

Yolanda acudió hospital preocupada porque tenía bolitas en los senos. “En cuanto me vio la doctora” recuerda, “me dijo que yo era la mamá de una bebé muerta que habían encontrado, me llamó asesina y dijo que iba a ir a la cárcel. A pesar de que nunca tuve signos de embarazo”. Aunque ahora está libre, no fue absuelta. “Yo sé que soy inocente”, afirma levantando la frente para enfatizar la afirmación. “Pero ellos nos quieren seguir criminalizando”.

 

El castigo previsto en Guanajuato para una mujer que aborta es de tres años de cárcel. “Pero, para sentenciarlas a penas mucho más largas, las autoridades les configuraron (a las recién excarceladas) el delito de homicidio en razón de parentesco (que establece sanciones de 25 a 35 años de cárcel)”, denuncia Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres. Esta organización civil de derechos humanos se hizo cargo de la defensa de seis de las ocho acusadas, las que la aceptaron. “Queríamos llegar a la Suprema Corte de la Nación, era tal la injusticia que hubiera sido un precedente útil para todo el país”, explica Cruz.

 

El elemento común en este sexteto es que se trata de jóvenes campesinas que padecieron abortos espontáneos. Unas a consecuencia del trabajo en la siembra, otras porque realizaban esfuerzos como mover muebles. Según Centro Las Libres, las denunciaron los médicos cuando llegaron a ellos con hemorragias. Ninguna recibió el apoyo del hombre que la embarazó. Todas tuvieron una defensa legal deficiente y costosa. Cinco de ellas recibieron condena cuando tenían entre 18 y 19 años de edad. La sexta, a los 22.

 

En un caso, el de Susana Dueñas, del pueblo de Santa Teresa, los peritajes indican que tiene “falta de recursos intelectuales, trastornos psicológicos y retraso mental”. Por su parte, Ana Rosa Padrón, de Soledad Nuevo, se sintió mal, entró al baño, empezó a perder a la niña y se desmayó. Sus padres velaron el pequeño cadáver en un altar. Al día siguiente, dos agentes llegaron para arrestarla, sin orden de aprehensión. Le prometieron que no le harían nada si firmaba un papel escrito a mano en el que “confesaba” que la había matado.

 

A sus 18 años, Ana Rosa recibió una condena de 29 años de prisión. Como comparación, el narcotraficante Osiel Cárdenas Aguilar, un sanguinario líder del cártel del Golfo, cumple ahora una pena de 25 años de cárcel. Benjamín Arellano Félix, un jefe del cártel de Tijuana, recibió una sentencia de 22 años.

 

Cuando el Centro Las Libres descubrió estos casos y decidió intervenir, ya era tarde para casi todas ellas, pues habían agotado las instancias tras haber tenido defensas deficientes. Sólo Alma Yareli Salazar Saldaña podía salir. “Si su caso ganaba en la Suprema Corte, podíamos emplear el precedente para sacar a las otras cinco”, explica Verónica Cruz.

 

En octubre de 2007, a sus 22 años, esa joven de San Miguel de Allende tuvo un aborto espontáneo, perdió el conocimiento y cuando despertó, un cuarto de hora después, el producto no respiraba. “Tenía que ir a la zapatería a trabajar sin falta”, recuerda, “y me lo llevé con la esperanza de que reaccionara. Mi terrible error fue que me dio miedo cuando no reaccionó, lo envolví en una sudadera y lo dejé en la calle del Calvario”.

 

Dos policías fueron por ella y con insultos le exigieron confesar. Como no tenían pruebas, el juez Carlos Alberto Llamas la condenó con base en un dictamen de autopsia que concluyó que la bebé murió de frío tras ser abandonada. Desestimó, en cambio, un informe de otro perito que, tras analizar el cuerpo, observó que el parto se realizó sin atención médica y que el cordón umbilical no tenía sangre, lo cual demostraba que había muerto prematuramente.

 

Según Alma Yareli, lo que decidió su sentencia fue la presión social: “Mi defensora era del Estado, le pagaban por defenderme, no por criticarme ni poner al juez primero que a mí. Cuando le dije a mi mamá que me había llegado la sentencia a 27 años, y ella se lo comentó a la abogada, la licenciada le dijo que el juez no podía dejarme libre porque la gente [de San Miguel de Allende] se le iba a ir encima, y además le dijo que agradecida debería estar yo de que me daban sólo 27 años cuando me tocaban 35. Están juzgando y sentenciando a una inocente por darle gusto a la demás gente”.

 

Absuelta y limpia

A la par de realizar los procedimientos legales, el Centro Las Libres difundió los casos a nivel nacional. La longitud de las sentencias y las denuncias de acoso judicial y malos tratos en la cárcel (lo que incluyó ser aisladas por las autoridades, en un esfuerzo infructuoso de evitar contactos con la prensa) levantó una ola de solidaridad y de críticas contra el Poder Judicial del Estado y el gobernador Oliva, quien inicialmente negó que en la entidad hubieran “condenadas por aborto”, ya que lo estaban por homicidio.

 

El caso de Alma Yareli no llegó a la Suprema Corte, como habían calculado sus defensores. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato consideró que para sentenciarla habían utilizado “un dictamen de autopsia dogmático y por lo tanto irrelevante”, por lo que “no se acreditó la autoría criminal”. El Consejo del Poder Judicial del Estado anunció que investigaría al juez Llamas, quien también condenó a otra mujer a 30 años por el mismo delito, mientras que por otro lado otorgó la libertad condicional a un sacerdote culpable de corrupción de menores.

 

“Afortunadamente estoy absuelta, limpia”, celebra Alma Yareli, quien abandonó la cárcel el 9 de junio de 2010, tras pasar 936 días ahí.

 

Libres, pero no inocentes, es como salieron Yolanda Martínez, sus cuatro compañeras que aceptaron el apoyo del Centro Las Libres y las dos restantes, que también se beneficiaron del proceso.

 

“El gobierno del Estado reaccionó muy rápido para quitarse la presión, no lo esperábamos”, admite Verónica Cruz.

 

En mayo de 2009, el gobernador Oliva —aspirante a la candidatura presidencial del PAN para 2012— hizo aprobar una reforma que redujo las penas por homicidio en razón de parentesco a entre 3 y 8 años. Una de las condenadas, Araceli Camargo, ya había cumplido nueve de sus 26 años de condena. Tras entrar a los 18 años, pasó la tercera parte de su vida entre rejas.

 

“Las iban a poner fuera de la cárcel sin reconocer su inocencia”, continúa Cruz. “Teníamos un dilema ético: su libertad inmediata o buscar su absolución. Fueron ellas las que decidieron”.

 

“Lo que hizo el gobernador fue disfrazar las leyes”, dice por su parte Yolanda. “Acepté salir de esta forma porque lo que quería era estar fuera con mi familia, después de tantos años de estar presa”. Sin embargo, continuará la lucha legal para obtener su absolución. “Sigo siendo culpable para el gobierno, pero yo sé que para la gente soy inocente”.

 

Ambigüedades en Sodoma

“De por sí, una mujer que aborta sufre muchísimo y luego ponerle cárcel es excesivo”. La opinión, referida a los casos de Guanajuato, no es de una feminista, sino de Hugo Valdemar Romero, el portavoz de la Arquidiócesis de México que recientemente fue demandado por difamación por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.

 

Han sido destacados militantes de movimientos católicos civiles, como Romero Hicks y Oliva, quienes han promovido que se castigue con cárcel la interrupción del embarazo, y otros como el ombudsman anterior, José Luis Soberanes, y el ex procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quienes promovieron la fallida impugnación constitucional contra la despenalización del aborto en el DF.

 

Todo esto lo han hecho con apoyo explícito de los obispos. En su editorial del 15 de noviembre de 2009, el semanario “Desde la Fe”, órgano de opinión de la arquidiócesis de México, defendió la serie de reformas antiabortistas en los estados al afirmar: “No hay una sola mujer en la cárcel por haber cometido un aborto. Las legislaciones provida han sido acompañadas de modificaciones legales que protegen a la mujer, de tal manera que no se vulneran sus derechos ni se les criminaliza.”

 

Para Verónica Cruz, esto es una simulación: “Yo misma he contabilizado 42 mujeres con procesos judiciales abiertos por aborto, tan sólo en estados cercanos (a Guanajuato) como Michoacán, Puebla y Querétaro. Sin embargo, Valdemar Romero asegura que “la Iglesia no está de acuerdo con la penalización corporal (cárcel) pues existen otros tipos de castigos, como el trabajo comunitario”.

 

Esta ambigüedad también parece existir en la posición de la jerarquía eclesiástica sobre los homosexuales. “Las personas deben ser aceptadas y no pueden ser discriminadas”, establece el portavoz Valdemar. “La Iglesia no rechaza a los homosexuales. Lo que no acepta son las relaciones entre ellos”. Con esto, el cura ratifica el editorial de “Desde la Fe” del 29 de agosto de 2010, que califica como “un mito y una falacia creer que alguien, por su condición personal, es discriminado por la Iglesia”, pues ésta “no está en el mundo para condenar, sino para salvar”.

 

Posiblemente, algunos homosexuales no sientan que la Iglesia los acepta y trata igual que a los heterosexuales. El 8 de agosto pasado, el jefe de Valdemar Romero, el arzobispo primado Norberto Rivera Carrera, afirmó que ante la “inmoral reforma de ley que permite las uniones de personas del mismo sexo [en el DF], la Iglesia no puede dejar de llamar mal al mal”.

 

El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, afirmó una semana después: “Es una aberración… ¿A ustedes les gustaría que los adopten (sic) una pareja de maricones o de lesbianas?”

 

Tres días más tarde, el sacerdote Pedro Eusebio Mendoza, coordinador del IV Encuentro Mundial de Exorcistas que se celebró en la ciudad de México (y que fue inaugurado por el obispo auxiliar de esta arquidiócesis), declaró que “los matrimonios homosexuales y la posibilidad de adopción son una tentación del diablo”.

 

El rechazo cristiano hacia los homosexuales tiene raíces bíblicas. Sodoma y Gomorra, las poblaciones bíblicas con las que algunos comparan a la Ciudad de México, fueron destruidas a causa de la homosexualidad de sus habitantes. El desprecio hacia los gays es tal que el Antiguo Testamento sugiere que, antes que permitir que tengan lugar relaciones entre ellos, es mejor entregar a la multitud la virginidad de las hijas de Lot, sobrino de Abraham y único hombre pío de Sodoma. En el Génesis 19:4-8 se lee: “Todos los hombres de Sodoma, hasta el último hombre, jóvenes y viejos, rodearon la casa y preguntaron a Lot: ‘¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Tráenoslos, para que podamos acostarnos con ellos’”. Lot, quien con su familia sería el único en ser salvado por dios, respondió: “He aquí que tengo dos hijas que todavía no han conocido varón. Os las sacaré, pues, y haced con ellas lo que os parezca. Sólo que no hagáis nada a estos hombres”.

 

Arturo Chávez, procurador general de la República, Emilio González Márquez, gobernador del Estado de Jalisco, y Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, encabezaron a sus colegas de Morelos, Tlaxcala y Sonora –todos miembros del PAN—en la impugnación constitucional contra la ley que permite el matrimonio homosexual en el DF, en febrero de este año, con el objetivo de evitar que sus entidades se vieran obligadas a reconocer los derechos de las personas casadas en esa demarcación. El 5 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la legislación capitalina cumplía con la Constitución. El 10, que sus efectos deberían ser reconocidos en todos los estados. Y una semana después, por nueve votos contra dos, ratificó que estas parejas tienen derecho a adoptar niños en cualquier entidad del país.

 

Reacción en ciernes

Desde el lado conservador, muchos rechazaron la decisión del máximo órgano. El arzobispo Sandoval Iñiguez lo atribuyó al soborno: “Marcelo Ebrard, junto con organismos internacionales, maiceó a los ministros de la Corte que recibieron dádivas”. Esto, y una declaración de Valdemar Romero en el sentido de que las leyes “promovidas” por Ebrard dañaban más a la sociedad que el narcotráfico, motivó que el jefe de Gobierno de Ciudad de México interpusiera una demanda en contra de ambos por difamación.

 

Es la primera vez que una autoridad política de ese nivel se enfrenta judicialmente a una eclesiástica, y si hubiera una condena, sentaría un precedente histórico, porque en siglo y medio de Estado laico mexicano, no se ha acostumbrado que los obispos se sometan a la justicia civil.

 

El frente de rechazo a las legislaciones liberales del DF está buscando maneras de reaccionar, con la esperanza de lograr un efecto en cadena como ocurrió con el aborto. El Partido Verde anunció que promoverá una reforma constitucional que trate a los matrimonios homosexuales de manera distinta que a los heterosexuales, de manera que no puedan adoptar. Diputados locales de Querétaro y Jalisco, los panistas Salvador Martínez Ortiz y José María Martínez, anunciaron que su partido promovería cambiar los códigos civiles estatales para definir el matrimonio como exclusivo entre un hombre y una mujer, “para blindar a la familia queretana” contra los matrimonios entre homosexuales “e impedir que adopten”, dijo el primero.

 

“Es posible que veamos más intentos como estos en los estados”, dice José Luis Caballero, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. “Pero la resolución de la Corte no obliga a nadie a que sus jueces celebren bodas gay, sólo que las entidades respeten los actos del Estado civil en otras entidades, en este caso los matrimonios del mismo sexo. El artículo 121 constitucional lo establece así y los estados no pueden reformar sus constituciones para desconocerlo, es parte del pacto federal”.

 

“Yo siento que (las propuestas de reformas locales) son una reacción de carácter propagandístico, de tipo político, pues saben que serán derrotadas en la Corte”, interpreta Alejandro Juárez, coordinador del programa Ombudsgay de I(dh)eas, un grupo de abogados defensores de los derechos humanos. “Es una postura con fines electorales, orientada a reconciliar al PAN con grupos conservadores y con la Iglesia”.

 

Sin embargo, es fuera del ámbito institucional donde pueden estar las reacciones más graves. El 18 de agosto, el presidente del gubernamental Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, advirtió de un enorme aumento de los actos de homofobia. A fin de año, el crecimiento en el número de denuncias puede llegar a 400 por ciento en relación con 2009. De las registradas hasta ahora, un 15 por ciento son quejas contra ministros de culto, pero también las hay contra servidores públicos, gente del espectáculo, empresarios y legisladores. La aprobación del matrimonio y la adopción gays “ha sido un detonador de posturas culturales y doctrinarias en contra de la homosexualidad”, explica Bucio. A esto se debe la ola de agresiones.

 

El mayor número de quejas, contra lo que se pudiera suponer, no proviene de Guanajuato ni de Jalisco, sino del Distrito Federal. “Se debe a que es aquí donde tuvo lugar la reforma, donde hay medios de comunicación y una serie de personalidades que la rechazan. El DF es una caja de resonancia nacional. Y además hay un activismo más arraigado de grupos lésbicos, gays y transgénero, lo que ayuda a que haya mayor conciencia y más denuncias”.

 

Bucio disiente de la idea de que el Distrito Federal sea una isla liberal en un mar conservador. Algunos políticos sí lo creen e incluso el sacerdote Hugo Valdemar Romero, a pregunta expresa, describió a la capital como una “isla de inmoralidad” debido a estas “leyes aprobadas por una asamblea que se caracteriza por su gran ignorancia y manipulada por Ebrard”, quien tiene “una actitud casi dictatorial de gobernar”.

 

Pero el presidente del Conapred explica que “si quisiéramos ligar lo liberal con el reconocimiento de derechos, los derechos no se pueden garantizar si no se hace de manera interdependiente con otros derechos. Los derechos civiles están ligados a los derechos económicos, los derechos sociales a los políticos, a los culturales o a los medioambientales”. En el DF, continuá, se ha avanzado en el reconocimiento de derechos sociales, “pero hay entidades federativas donde hay un mayor reconocimiento de derechos de jóvenes, en otras, de niños y niñas, o del medio ambiente. En general, tenemos una serie de déficit en todo el país, todavía no tenemos un reconocimiento integral en ninguna entidad. Y faltan los mecanismos operativos para que puedan ser garantizables, que haya castigo cuando son violados”.

 

“Esta lucha nunca se acaba”, dice Verónica Cruz, a tres días de la liberación de sus defendidas y aún celebrando la victoria. “Mi sueño es que se echaran para atrás las 16 reformas que penalizan a las mujeres que ejercen su derecho a decidir (continuar o interrumpir el embarazo). Y un México mejor, con derechos para todas y todos. Nos falta mucho, mucho”.

 

(((RECUADRO)))

EL GLOBO CAMBIA

 

Un creciente número de países ha aprobado el matrimonio o las uniones entre personas del mismo sexo en años recientes. “La tendencia a nivel mundial es a corregir esta discriminación en el acceso al contrato matrimonial”, explica Alejandro Juárez, coordinador del programa Ombudsgay. En América Latina, Argentina fue el primer país en otorgar a los gays derechos matrimoniales, el 13 de diciembre de 2009, y la Ciudad de México siguió el 21 de diciembre. El que España —pionera en este aspecto— y Portugal también los reconozcan, mientras que Colombia, Ecuador y Uruguay admiten las uniones civiles, ha desmontado la idea de que esto no era posible en países católicos.

 

Reconocimiento de matrimonio y uniones entre personas del mismo sexo:

 

Matrimonio: Argentina, Bélgica, Canadá, España, Holanda, Islandia, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Suecia. En Estados Unidos: Connecticut, Distrito de Columbia, Iowa, Massachussets, New Hampshire, Vermont y tribu Coquille de Oregon. En México: Distrito Federal.

 

Uniones civiles: Alemania, Andorra, Austria, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Groenlandia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, República Checa, Suiza, Uruguay. En Australia: Canberra, New South Wales, Tasmania, Victoria. En Estados Unidos: California, Colorado, Hawai, Maine, New Jersey, Nevada, Oregón, Washington, Wisconsin. En México: Coahuila. En Venezuela: Mérida.

 

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