Ciudad Juárez: vuelven a matar mujeres


Por Témoris Grecko / Ciudad Juárez

Los juarenses están acostumbrados al calor, pero con la sequedad del desierto. El de este agosto es muy húmedo, acaso signo del cambio climático, y ellos se sienten incómodos. A pesar de ello, los conductores de las antiestéticas camionetas Hummer circulan con las oscuras ventanas abiertas: renuncian al privilegio del aire acondicionado a cambio de la precaución de dejarse ver para no convertirse en otro más de los ejecutados por error. Sergio Belmonte, portavoz del gobierno municipal de Ciudad Juárez, me dijo que la urbe pasa por “la peor crisis de seguridad pública de su historia”. El diario El Universal, que mantiene un contador de asesinatos relacionados con la delincuencia en el país, dio a conocer que, de los 2,683 que había a nivel nacional hasta el 16 de agosto (cuando se rebasó la cifra de 2,673 de todo 2007), un total de 780 había tenido lugar en Juárez: casi la tercera parte.

En este contexto, el tema de derechos humanos que hizo internacionalmente famosa a esta ciudad, los centenares de asesinatos de mujeres que han ocurrido aquí desde 1993, se ha empequeñecido para las autoridades, completamente desbordadas por la guerra criminal. También está siendo marginado y olvidado por la opinión pública. Pude comprobar que están resurgiendo las actitudes de subestimación, negación y desprecio que permitieron que estas sangrientas agresiones escalaran hasta convertirse en una enorme masacre femenina. Lo peor es que a pesar de que en los últimos tiempos, después de tantos años de lucha, parecía que los ataques disminuían, ahora hay indicios de que, en medio del sangriento caos que estremece a la ciudad, los impunes asesinos de mujeres están volviendo a actuar. Pero hay tanto ruido y tanta maldad que parece difícil que la voz de las víctimas se pueda hacer escuchar.

“No creen que les pueda ocurrir a sus hijas”

Conocí a Marisela Ortiz Rivera en la escuela secundaria donde enseña. El secuestro y asesinato de una de sus alumnas, Lilia Alejandra García Andrade, la condujo en 2001 a fundar junto con Norma Andrade (mamá de Alejandra) y Malú García Andrade (hermana) Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización de apoyo a quienes sufren estas agresiones. En el centro y sur de México, se tiene la idea de que el acento del norte es uno solo y que es brusco y golpeado. Marisela, en cambio, es un buen ejemplo del hablar chihuahuense, suavecito y marcando la CH como sh. No por su tono dulce está menos preocupada: “Tenemos una cifra muy alta de mujeres asesinadas este año. Hemos contabilizado 52 casos con diferentes formas de violencia. Y en cuestión de desaparecidas nos tenemos que sujetar a lo que la autoridad comparte, porque no hay transparencia y sólo ellos conocen la información. Hay muchos casos que no se han resuelto y que la autoridad no considera de alto riesgo. Actualmente sólo manejan tres casos, pero sabemos que hay más”.

Los centenares de feminicidios en Ciudad Juárez incluyen una amplia variedad de casos, pero una gran cantidad de ellos presenta una serie de características semejantes que han servido para establecer un patrón. Este tipo de ataques se está registrando de nuevo y las organizaciones civiles como Nuestras Hijas… carecen de recursos para atenderlos. “Hemos estado trabajando casos de 2005 hacia atrás porque no tenemos personal para agarrar nuevos casos”, me dijo Malú García Andrade. “En este año, hay jóvenes que encajan en el mismo patrón: las encontraron en terrenos baldíos, fueron golpeadas, estaban desnudas, tenían entre 15 y 17 años de edad, tenían poco de haber llegado a esta ciudad, trabajaban en las maquiladoras, eran jóvenes que habían salido de su casa a buscar empleo y que desaparecieron de la zona centro. Claro que la autoridad no lo da a conocer así, nos enteramos por la televisión que saca la nota 20 segundos y no volvemos a saber. A pesar de que tratamos de hacer contacto con las familias, es muy difícil que nos den datos. Mientras no podamos acercarnos a ellas, no podemos asegurar que son del mismo patrón ni que de nueva cuenta no se está investigando. Lo que sí podemos estar seguros es que de los homicidios de este año no hay ningún responsable en la cárcel, sea cual sea el móvil, sea por el narcotráfico, por riña, no hay ninguno”.

En un caso famoso conocido como “del campo algodonero”, porque ahí fueron encontrados 8 cadáveres los días 6 y 7 de noviembre de 2001, cada una de las víctimas había desaparecido el día 25 del mes. En 2008, dice Malú, “desapareció Hilda Gabriela, una jovencita (en situación) de alto riesgo, el 25 de enero. El 25 de febrero desapareció otra con las mismas características en la misma zona. El 25 de abril, otra. Todas en el mismo rango de edad. Eso nos habla de que posiblemente se estén dando otra vez las mismas características”.

Nuestras Hijas… propone que el gobierno le dé mayor difusión pública a estas desapariciones “para que la gente pudiera declarar y denunciar si la llegan a ver con vida. En uno de estos casos de este año, se tiene la certeza de que la joven fue secuestrada para trata de personas (esclavitud sexual), porque la han visto en algunas de estas casas que se dedican (al comercio sexual). Se llama Hilda Gabriela, desapareció el 25 de febrero de este año. Varias llamadas anónimas dicen que la han visto en estas casas, pero la autoridad ha descartado esa línea de investigación. Quien tiene recursos para estas investigaciones es gobierno del Estado, pero nuevamente son las organizaciones y las familias las que se tienen que mover. El desgaste físico y emocional lleva a los familiares a dejar la búsqueda”.

¿A qué se debe esta actitud de las autoridades?

“Creemos que tiene que ver con el contexto, la violencia ha sobrepasado al Estado de Chihuahua. Ahorita, gobierno del estado está muy presionado a nivel internacional por los feminicidios, pero a nivel estatal y local se le presiona mucho por esta guerra de los cárteles, sobre todo porque quien presiona son los empresarios de la localidad. Y el Estado le da atención a quien deja ganancias más grandes. Si llega un empresario solicitando una reunión y llega un familiar de una víctima solicitando lo mismo, se lo van a dar al empresario. El gobierno del estado está planteando estrategias para la violencia y la comunidad juarense también, y no están tan preocupados por los feminicidios. Saben que les puede tocar una bala perdida pero hasta el momento, siguen pensando que los feminicidios no es algo que les pueda ocurrir a sus hijas”.

La mafia no se toca

La primera víctima identificada fue la niña Alma Chavira Farel. Fue asesinada en enero de 1993. Pero su caso y los de varios cientos de mujeres más fueron tratados como asuntos aislados por muchos años, a los que se podía ignorar y enviar al archivo. Sólo fue cuando el activismo de grupos de derechos humanos llamó la atención nacional e internacional sobre Juárez que las autoridades empezaron a poner más atención. Las investigaciones de algunos periodistas, de manera particular Diana Washington Valdez, de El Paso Times, y Sergio González Rodríguez, de Reforma, pudieron documentar que muchos de los asesinatos eran obra de grupos criminales. Las jovencitas eran utilizadas en sádicos ritos sexuales antes de que les quitaran la vida. Pero entre los responsables hay personas muy poderosas, ligadas al cártel de Juárez, a la política y a los negocios, a quienes la autoridad simplemente no iba a tocar. En su libro Cosecha de Mujeres. Safari en el Desierto Mexicano(en su edición inglesa, The Killing Fields. Harvest of Women), Diana Washington Valdez ofrece una lista de apellidos de “personas clave, poseedoras de valiosa información”, que aparecen en los archivos del FBI y de la policía mexicana y que deberían ser interrogadas para ayudar al esclarecimiento de los crímenes: Molinar, Sotelo, Hank, Rivera, Fernández, Cabada, Zaragoza, Molina, Fuentes, Hernández, Urbina, Cano, Martínez, Domínguez… No pocos se sintieron molestos: “No puedo cruzar a Juárez”, me dijo Diana por teléfono desde su oficina en El Paso. “Estoy bajo amenaza de muerte”.

“Probablemente en 12 años no se hizo nada”, reconoce el portavoz del gobierno municipal, Sergio Belmonte. Aunque más que reconocer, denuncia: “En las administraciones de (los exgobernadores) Francisco Barrio (1992-98) y de Patricio Martínez (1998-2004). Era más fácil darle carpetazo al asunto. El gobierno del (presidente Vicente) Fox nombró una comisionada especial para el asunto, Guadalupe Morfín. Su dictamen fue que el trabajo de los investigadores, de los ministerios públicos, de los fiscales estatales, durante esas administraciones fue un trabajo simulado, negligente, de omisión”.

Me dio la impresión de que lo de Belmonte era una denuncia. Barrio fue presidente municipal de Juárez, después gobernador y luego secretario (ministro) de la Contraloría de Vicente Fox. Es militante del derechista Partido Acción Nacional y su llegada a la alcaldía de Juárez, en 1983, marcó el inicio de una debacle estatal para el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que fue hegemónico en el país entre 1929 y 2000. El Estado de Chihuahua, del que Juárez es la ciudad más grande, fue uno de los primeros que perdieron los priístas. Lo recuperaron en 1998, y Juárez sólo en 2004, tras 21 años. Para los priístas, todo lo que se hizo en el periodo panista es materia de crítica. El desinterés y la negligencia con que las autoridades trataron los feminicidios le fueron adjudicados al PAN. Y el nuevo gobernador priísta, José Reyes Baeza, hizo de la resolución del problema una de sus promesas de campaña.

“Cuando llegó José Reyes Baeza cumplió su compromiso”, proclamó Sergio Belmonte, quien antes de ser portavoz en Juárez, lo fue de Reyes Baeza y del PRI estatal. “Se instaló en Juárez el mejor laboratorio de medicina forense. Puso una mujer interesada en llegar a la verdad, Patricia González, quien entró con voluntad a transformar lo que estaba ocurriendo en la procuraduría. Se encontró que muchos expedientes fueron amontonados, olvidados, que se mezclaron osamentas para no investigar. Casos que fueron calificados de omisos, negligentes, que tenían que ver no con un criminal serial sino casos de violencia intrafamiliar. Es cierto que hubo unos casos seriales, los primeros, donde estuvo metido el egipcio Omar Latif, y la banda de ‘Los Rebeldes’, y una banda de operadores de ruta, la banda de ‘Los Toltecas’. Pero muchos de esos crímenes fueron cometidos por imitación, por problemas intrafamiliares, venganza, celos, por alcohol y drogas. Cuando llega la procuradora fueron detenidos más de 25 homicidas que se encontraban prófugos, y eran asuntos que tenían que ver con violencia intrafamiliar”.

Nuestras Hijas… le concede crédito al nuevo gobierno, aunque no demasiado. Durante los gobiernos anteriores, “era la negativa completa”, dice Malú. “No ocurría nada y si ocurría, eran prostitutas. Incluso el exgobernador Francisco Barrio dijo entonces ‘las buenas en su casa y las malas en la calle’. Sí, te da mucho coraje que ésta sea la versión de gobiernos anteriores. No le daban seguimiento, no había una fiscalía especializada, no tenían un laboratorio forense, etcétera. En este nuevo sexenio, con el gobernador Reyes Baeza, hemos visto un poco la voluntad de querer cambiar la imagen de la ciudad. Equipó la fiscalía fiscalizada con mejores ministerios públicos, mejor capacitados, puso un laboratorio de genética forense, hicieron una reforma penal, que es deficiente, pero se les ve más la actitud. Antes a las familias ni siquiera se les abría la puerta, no se les informaba, ahora podemos decir que sí las reciben y quieren darle seguimiento a las investigaciones, pero a final de cuentas se lo dan a la familia que va y lo pide. Pero por iniciativa propia, o por ejemplo los homicidios de este año, no se ven los resultados. Tenemos que estarlos empujando. La manera en que el gobierno trabaja o responde es en la manera en que la familia presiona. Tienen personal insuficiente. Un ministerio público con dos agentes lleva 40 homicidios de mujeres”.

Por otro lado, la voluntad gubernamental se detiene en ciertos límites, como señala Malú: “Los casos que creemos que nunca van a tocar son aquellos donde Diana Washington o Sergio González o varios periodistas han tocado el tema, en donde hay una banda muy bien organizada con mucho poder político detrás de estos crímenes”.

En realidad, las autoridades priístas adoptaron acríticamente el mismo discurso de sus predecesores panistas, como se puede ver en lo que me dijo Belmonte y que cité tres párrafos arriba: sólo unos pocos casos tienen que ver con criminales seriales y ya están resueltos. Todos los demás son producto de “violencia intrafamiliar, venganza, celos, alcohol, droga”.

Ésa no es la visión de Nuestras Hijas… ni de muchos de quienes han estudiado los casos, entre periodistas, abogados e investigadores de México, Estados Unidos y Europa. Diana Washington, por ejemplo, reúne en su libro los resultados de siete años de darle seguimiento al asunto para su periódico y menciona al detalle personas, documentos, evidencias que apuntan a que quienes fueron acusados por los asesinatos seriales, como el egipcio Latif y “Los Rebeldes”, son culpables perfectos, delincuentes con antecedentes de abuso sexual, pero que en esta ocasión fueron utilizados como chivos expiatorios. En cambio, los verdaderos responsables siguieron actuando con impunidad, amparados por su influencia política, económica y criminal.

Belmonte se molestó cuando mencioné lo anterior y trató de descalificar a Washington Valdez: “Yo creo que Diana no reportea nunca en Juárez. Y yo lo digo como periodista. Yo conozco a Diana. Diana alimentó su información de grupos de mujeres activistas. Puede que tenga información verídica, pero mucha es información especulativa, porque ella casi casi se convirtió en activista derechohumanista”.

Me sorprendió que usara “derechohumanista” como una palabra que desacredita a alguien. Defender los derechos humanos está mal, entonces. También me llamó la atención que invalidara de esa forma la investigación: “A lo largo de su libro”, comenté, “Washington Valdez da detalles de los numerosos lugares donde estuvo aquí en Juárez, de la gente con la que habló, de las personas que la acompañaron, de sitios y momentos, de los testigos que había…”

Belmonte alzó la voz para interrumpir:

“Yo no he leído el libro pero sí te puedo asegurar eso que te estoy diciendo. Hubo mucha gente que en esa tormenta que se le vino a Juárez por los feminicidios, que saltó a la fama, porque aquí llegaron a hacer libros, a escribir guiones, a escribir obras de teatro… muchos venían a levantar testimoniales en una semana para irse a escribir un libro que se convirtió en bestseller. Así salió esta película con Jennifer López. Y un documental, que no documentaba nada. Traía cuatro voceros. Todos de aquel lado, ninguno de este lado. Que hubo asesinos fabricados, es cierto. Tan cierto es que quedaron en libertad La Foca, El Cerillo, los del campo algodonero. Hubo abogados que perdieron la vida defendiendo a esas gentes que estaban detenidas. Yo hablo de lo que me consta de 2004 a la fecha, lo que vi. Un trabajo donde participó un equipo de forenses argentinas. Las víctimas existieron. Lo que se tejió como el mito fue si era asunto de un asesino serial”.

El machismo y la impunidad

Más allá de la enorme carga que les impone la situación de violencia generalizada, las autoridades siguen sin decidirse a enfrentar la parte más compleja y retorcida del caso, la de la impunidad de los asesinatos seriales, la de quienes, según parece, han aprovechado la locura de la guerra del narco para reactivar su masacre: la de poderosas mafias que matan mujeres por placer, después de violarlas y torturarlas. Belmonte no ve coincidencias en los asesinatos de este año, no le llaman atención las desapariciones de los días 25 del mes y tiene un predictamen listo para el medio centenar de mujeres muertas en 2008: “Son casos relacionados con el narcotráfico”.

Y quien diga lo contrario, tiene malas intenciones. Porque, dijo, “Juárez vive una fama pública injusta”. Es la opinión de muchos juarenses de clase media y alta con los que hablé: creen que lo de “las muertas de Juárez” es una campaña contra la ciudad, una exageración abusiva para manchar su imagen internacional, y que las organizaciones de apoyo a las víctimas son parte de ese complot.

Con un millón 300 mil habitantes censados, pero acaso hasta 4 millones de población efectiva, Ciudad Juárez es uno de los grandes imanes laborales de México. Su ubicación en la frontera con El Paso, Texas, no sólo lo hace uno de los cruces internacionales más activos del mundo, sino el área de desarrollo de uno de los esquemas industriales más famosos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: la maquiladora. También llamada “maquila”, se trata de fábricas que importan materiales o equipo de su matriz en Estados Unidos, libre de impuestos, para hacer labores de ensamblaje y devolverlos como productos terminados. Es una manera de aprovechar las ventajas de la mano de obra barata mexicana sin cargas aduanales. Pero el truco está también en abaratar el proceso lo más posible: las maquiladoras gozan de protección oficial para impedir que los trabajadores se organicen en sindicatos, les dan las prestaciones laborales mínimas, o ninguna, y los pueden despedir sin obstáculos. Como además gozan de exenciones de impuestos locales, el gobierno municipal carece de recursos para ordenar y dotar de servicios los lugares donde viven los cientos de miles de personas que han llegado y siguen llegando para trabajar en la maquila. Una gran parte de ellos son jóvenes muchachas que llegan solas, que tienen que vivir en estas numerosas zonas de asentamientos irregulares, sin luz ni transporte, y que se convierten en candidatas a la violación y el asesinato.

Juárez es una ciudad que ha crecido al amparo del TLCAN, vigente desde 1994, y la mayoría de sus habitantes son, como los trabajadores de la maquila, inmigrantes. “Un 70% de los juarenses nació en otros estados”, me dijo Diana Rodríguez Sáenz, del Centro de Derechos Humanos del Migrante. Sin embargo, “hay una xenofobia, una rechazo hacia el que viene llegando. Dicen que vienen a ocupar los espacios que nos pertenecen. Se les olvida que nosotros también llegamos buscando una oportunidad”.

Esto es uno de los factores que conduce a que a la sociedad juarense le importen poco los asesinatos de mujeres: muchas de ellas vinieron de fuera. Además, son de origen humilde. Como explica Malú García Andrade: “Hay un desdén porque la mayoría de estas jóvenes son de la clase baja. Y la mayor parte de la ciudadanía de la clase baja no se entera de este tipo de crímenes, está más aislada. Hasta que lo vive de cerca, directamente o a través de un vecino, un conocido, es cuando empieza a formar un poco de conciencia. El mayor desinterés que hay en los jaurenses es principalmene en la clase media y en la clase alta”.

Entre los más acomodados, hay, además, la sensación de que “a mí no me puede pasar”. Dice Malú: “Tú puedes ir a la zona centro y preguntarle a cualquier joven de lo que ocurre en Juárez, que si no tienen temor, te van a decir que no, que no está pasando, que si pasa van a poder defenderse. Y las familias te van a decir que sus hijas son niñas bien, que no hablan con extraños. Es mi propio caso, el de mi hermana Alejandra fue en 2001. Yo veía en la tele que desaparecían mujeres. Cuando mi hermana desapareció, pasó una semana, fueron siete días completos. Cada día que salíamos a buscarla ni por un instante me pasó por la cabeza que podíamos encontrarla muerta. Yo siempre pensé que podía estar hospitalizada, que a la mejor le dieron un golpe y podía haber perdido la memoria, o que la asaltaron y estaba en un hospital sin identificación. Incluso a veces, cuando regresábamos muy cansados de estar todo el día en las calles, en los semáforos, en los autobuses, yo pensaba ‘ay, maldita Alejandra, ¡pero verás cuando te encuentre canija, cómo te voy a hacer caminar para desquitarme de todo lo que me he cansado!’ Ni a mí ni a mi mamá ni a mi familia nos pasó por la cabeza. Incluso cuando nos hablaron para darnos la noticia, pues nos impactó, pero cuando aún no reconocíamos el cuerpo teníamos la esperanza de que no fuera ella. Ya llevaban varios años denunciando lo que ocurría en Juárez, pero yo tenía esa mentalidad. Sólo entonces me di cuenta de que no son prostitutas, que no llevan doble vida, que no se van por su voluntad, que no se buscan su propia muerte por vestirse de manera provocativa, sino que son jóvenes normales que van a la escuela o a su trabajo, y que de repente alguien las secuestra y las mata con total impunidad”.

Para la sociedad, además, el que sean adolescentes es una agravante: se prefiere pensar que son de alguna forma responsables de su propia desaparición o muerte debido a su supuesto comportamiento “inmoral”.

La solidaridad social se activa cuando se trata de niñas. La señora Rubí Pando me contó el caso de su hija, Iris, una nenita de 7 años que fue secuestrada el 2 de mayo de 2005: “Desapareció entre las 7 y las 8 de la tarde de la esquina de la casa. Al no regresar la primera noche, desde allí ya pensamos lo peor. Hicimos la denuncia, la buscamos por todos lados. Se unió mucha gente, la ciudadanía se acercó mucho. Era muchísima la gente que la estaba buscando, los medios todos apoyaron, el gobernador dijo que haría todo lo posible por encontrarla. Encontramos el cuerpo a los 12 días por unas gentes que lo encontraron en un terreno a las afueras, rumbo a Casas Grandes, a espaldas del cerro del Caballo donde hay unos terrenos tipo granja. La encontraron en un tambo con cemento fraguado. La habían violado”.

¿Cómo fue que el caso generó tanto apoyo de la sociedad?

“Que era una niña. La gente no se compadece igual de la familia cuando es una jovencita. Porque uno dice no se fue con el novio o lo hace para provocar. Era una niña y fue lo que hizo que la gente se humanizara”.

Alguien había visto a Iris con los secuestradores, pero se calló por temor. Hizo la denuncia dos meses después, mediante una llamada telefónica a un teléfono especial del gobierno del Estado y una carta. Uno de los cinco delincuentes está prófugo. Dos más en prisión, condenados. Pero otros dos fueron liberados por falta de evidencia. Las autoridades se anotaron el caso como un éxito. Para Malú, eso demuestra que se dan por satisfechos con asuntos mal o medio resueltos, que en las pocas ocasiones en que se hace justicia, no se hace bien.

Y esto alimenta “el machismo. Se tiene la certeza de que los que abusaron de Iris se dedicaban a violar a niñas, a mutilarlas y violarlas, pero las dejaban vivas. A Iris no. Pero hay otro tipo de organizaciones que se dedican a asesinar a este tipo de jóvenes. Que el gobierno no castigara a este tipo de asesinos múltiples, es precisamente a lo que los hombres y el machismo de Ciudad Juárez se acostumbran, los hombres se sienten con el derecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Se han dado casos de que va una muchacha de secundaria caminando por la calle, pasa un joven en un coche, se acerca, le dice dame un beso, ella dice que no y ya por eso la mata. Es precisamente por ese machismo y por la impunidad”.

El estigma de los derechohumanistas

Las autoridades municipales y locales han hecho algo para aclarar algunos feminicidios, pero está muy lejos de ser suficiente. Siguen negándose a considerar siquiera la posibilidad de investigar a las mafias: por miedo, complicidad o impotencia, no las tocan. Además, están abrumadas por la violencia. Lo mismo que la sociedad, que antes no se preocupó por sus mujeres y ahora tiene menos tiempo que nunca para ello. Y parece que los ataques seriales, según los indicios mencionados, están volviendo a presentarse.

¿Podrán encontrar las víctimas apoyo en el resto del país, en los ciudadanos, en el gobierno federal? ¿Se podrá hacer algo para detener la masacre femenina? Como en Juárez, a nivel nacional la guerra contra el narco ha provocado que los feminicidios se desplomen en la lista de prioridades de la opinión pública. Están matando decenas de personas diariamente, pero el tema principal, ahora, es que los hijos de personas muy influyentes, parte de la élite económica del país, han sido secuestrados y asesinados. La tragedia mexicana de la violencia es mucho más aguda en los sectores humildes, pero no perdona clase social.

Y tanto el gobierno como los principales partidos políticos están más interesados en proteger la imagen internacional de México: ellos también ven la denuncia de los feminicidios como una incomodidad. Aquí, en Mundo Abierto, nuestro colega Marco Appel se ha encargado de reportar la vergonzosa urgencia de los diplomáticos mexicanos por deshacerse de los cuestionamientos sobre el caso Juárez: cómo han engañado a miembros del Parlamento Europeo y cómo hasta el Partido de la Revolución Democrática, una organización que asegura ser “de izquierda” y se presenta como sensible ante los asesinatos de mujeres, se involucró en el ocultamiento de los hechos: en Bruselas, uno de sus senadores, José Guadarrama, trató de bloquear a un eurodiputado español que quería presentar el asunto y lo acusó de “conquistador” y “reaccionario”.

“A río revuelto, ganancia de pescadores”, dice el refrán. Los pescadores, aquí, son todos criminales. “Si quieres matar a alguien, éste es el momento”, me dijo alguien en Juárez, “la policía pone todos los casos como muertes del narco y no los investiga”. Menos los de las mujeres. Y cuando ser derechohumanista se convierte un estigma, deshacerse de las víctimas, tanto de sus cuerpos torturados como de su recuerdo y del peligro de la justicia, es más fácil. Marisela Ortiz y Malú García tienen que vivir acompañadas por guardaespaldas. Necesitan protección porque recibieron amenazas terribles. No contra ellas: contra sus hijas. Les dieron detalles de lo que les harían a las niñas. Las autoridades insisten en que no se trata de mafias. Pero existen y tienen ansia de mujer.

(Publicado originalmente en Mundo Abierto.)

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